Extracto de Portada y noticia publicados en el Diario El Mundo Andalucía , el domingo 23 de marzo de 2014.

Extracto de Portada y noticia publicados en el Diario El Mundo Andalucía , el domingo 23 de marzo de 2014.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado a favor de Antonio Diana, representado en el juicio por Borbolla Abogados. El TSJA se ha pronunciado con respecto al caso de Diana Expósito, un beneficiario de las subvenciones del fondo de reptiles de la Junta de Andalucía. Durante el  juicio, Diana aportó numerosa documentación que certificaba que los 60.000 euros que había recibido de la Junta  en 2004, se habían empleado para remodelar por completo su empresa.

El letrado de Borbolla Abogados principalmente se apoyó, para conseguir el beneplácito del tribunal, en el argumento de que la ayuda en cuestión no era nula, como pedía la Junta, sino anulable, en cualquier caso.

Una vez más, el despacho de abogados Borbolla demostró la gran especialización con la que cuentan sus profesionales con respecto al Derecho Administrativo en Andalucía.

A continuación, les dejamos con una transcripción de la noticia publicada el pasado domingo día 23 de marzo en el periódico El Mundo.

 

El TSJA sentencia que ya es tarde para reclamar una ayuda de los ERE

Exime a un beneficiario de devolver el dinero que le pedía la Junta por la buena fe y el tiempo transcurrido / La ayuda es ilegal pero el empresario la invirtió en su negocio

 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto la puerta para que muchos de los beneficiarios de ayudas ilegales del fondo de reptiles no tengan que devolver el dinero a la Junta de Andalucía. Si el alto tribunal andaluz mantiene el criterio de su última sentencia, la presidenta Susana Díaz verá seriamente perjudicada su pretensión de recuperar todo el dinero presuntamente desviado.

EL MUNDO de Andalucía ha tenido acceso a una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, en la que exime al empresario Antonio Diana Expósito de la obligación de devolver los 60.000 euros más intereses que le reclama la Junta de una ayuda del fondo de reptiles.

El tribunal considera que si bien la ayuda concedida y pagada en 2004 fue ilegal y por consiguiente nula de pleno derecho, el empresario no debe devolver ni un céntimo a las arcas públicas. ¿Por qué? Por el largo tiempo transcurrido desde entonces hasta ahora, diez años.
La sentencia dice que la causa de nulidad “es inequívoca” al haberse concedido la subvención sin tramitación alguna, pero aplica el artículo 106 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común: “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.

Así, recuerda que las leyes que regulan las subvenciones tanto a nivel estatal como autonómico “establecen un plazo de cuatro años de prescripción, que ha sido superado con creces, por lo que los efectos de la nulidad declarada deben quedar atemperados por razones de seguridad jurídica”.

Los magistrados explican que la revisión de oficio que puede ejercer la Administración tiene “límites” que deben observarse no de manera general sino “en función de las circunstancias presentes en cada caso” .Se trata de ponderar en cada situación “circunstancias concretas y estándares abstractos como la buena fe o la equidad”.

En el caso de Antonio Diana Expósito, representado por el bufete Borbolla Abogados, se ha tenido en cuenta que el empresario, propietario de una gasolinera en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra, ha acreditado con la documentación aportada a la causa que invirtió el dinero de la subvención en la remodelación de su negocio.

Este caso planteaba un debate entre dos de los principios generales del Derecho: el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. El primero permite “revocar actos cuando se constata su ilegalidad” mientras que el segundo “trata de garantizar que una determinada situación jurídica que se presenta como consolidada no puede ser alterada en el futuro”.

En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA se ha decantado por proteger la seguridad jurídica del beneficiario de la ayuda ilegal tras ponderar sus circunstancias concretas, la buena fe y la equidad.

Los beneficiarios de ayudas del fondo de reptiles, incluso los falsos prejubilados, suelen esgrimir su confianza en el buen hacer de la Administración a la hora de defender ante la Justicia las ayudas que recibieron en su día.

El juez del caso ERE, Mercedes Alaya, engloba la ayuda de 60.000 euros que recibió Antonio Diana Expósito en el grupo de subvenciones a empresas y particulares de comarca de la Sierra Norte de Sevilla, de la que procedía Javier Guerrero, el director general de Trabajo y Seguridad que tuvo a su cargo el fondo de reptiles entre los años 2000 y 2008.

La sentencia del TSJA resulta relevante para la causa porque fija la nulidad de las ayudas. El abogado de Antonio Diana Expósito planteaba que la ayuda no era nula sino en todo caso anulable. Son dos conceptos distintos contemplados por la ley que se diferencian básicamente en que la nulidad nunca prescribe y la anulabilidad tiene un plazo de cuatro años.

Esto quiere decir que si las ayudas del fondo de reptiles se consideran nulas, la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, puede revisarlas en cualquier momento. Con el criterio que fija ahora el TSJA, en la primera sentencia en la que se ha analizado ayudas concedidas y pagadas, tendría que analizar caso por caso para determinar si concurre o no la excepción que se ha aplicado ahora para que el beneficiario no devuelva el dinero, en función a esos conceptos abstractos de la buena fe y la equidad y a las circunstancias concretas del destino del dinero.

Este matiz es importante porque si las ayudas fueran solo anulables, la Junta tendría que renunciar ya a reclamar cualquier subvención concedida antes de 2010.

 

Haciendo clic AQUÍ podéis acceder a la portada y al artículo completo del periódico El Mundo.
 


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