La captación y grabación de conversaciones privadas no podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona investigada, detenida o en prisión con sus abogados, salvo que estén también encausados por los hechos investigados. Así se establece en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también regula la necesidad de presencia del letrado en la toma de pruebas.

La reforma se ha dividido en dos textos distintos. El primero regula cuestiones sobre derechos fundamentales (ley orgánica), como el estatuto del investigado y las diligencias de investigación tecnológica. En ella, se transpone la Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales. El segundo (ley ordinaria) incluye medidas de índole procesal, entre las que se encuentran las de agilización de la justicia penal y otras garantías como el proceso monitorio penal, la generalización de la segunda instancia y la ampliación del recurso de revisión.

 Del telégrafo a los SMS

La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica se actualiza en un nuevo artículo 579, donde se acota su ámbito material de aplicación, al mismo tiempo que se regulan los plazos máximos de duración y las excepciones a la necesidad de autorización judicial de acuerdo con una consolidada doctrina jurisprudencial. Se regula:

  • La interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas
  • La captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante dispositivos electrónicos
  • La utilización de dispositivos técnicos de seguimiento
  • Localización y captación de imágenes
  • El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

La regla general es que para intervenir o registrar las comunicaciones que se realicen, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. La autorización podrá concederse cuando la investigación trate delitos castigados con una pena máxima de, al menos, tres años de prisión, los cometidos en un grupo criminal, los de terrorismo, y los cometidos mediante instrumentos informáticos o de otra tecnología.

 


 

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